Arbitraje

Existe tensión entre los artículos V(1)(e) y VII(1) del Convenio de Nueva York, pero no son irreconciliables. También hay tensión entre la política de los Estados Unidos favorable al reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros y el respeto que se debe a un tribunal que anula un laudo arbitral dictado en su propio estado. Sin embargo, las sentencias dictadas en los casos Chromalloy, Baker Marine y TermoRio pueden ser armonizadas y proporcionar un test con el que establecer el papel de los tribunales ordinarios en los procedimientos arbitrales: si el tribunal competente, en el Estado en el que el laudo arbitral fue dictado, anula dicho laudo y al hacerlo pasa por alto una parte sustancial del contenido del convenio arbitral, que hubiera afectado la decisión sobre nulidad, un tribunal del Estado en el que se solicita el reconocimiento puede conceder en Derecho dicho reconocimiento, a pesar de la nulidad o modificación lograda en el Estado en que se dictó el laudo.

El presente trabajo analiza las recientes reformas operadas fundamentalmente en la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de Arbitraje mediante la Ley 11/2011, de 20 de mayo. Las materias en las que se ha centrado la reforma, y que se analizan a lo largo del presente trabajo, son: funciones judiciales en relación con el arbitraje; arbitraje societario; régimen jurídico de los árbitros; idioma del arbitraje; régimen jurídico del laudo; acción de anulación; revisión del laudo; previsión del arbitraje en relación con los conflictos internos entre la Administración General del Estado y sus Entes instrumentales; medidas cautelares y arbitraje concursal.

El Anteproyecto de Ley de Arbitraje que ha presentado el legislador plantea reformas de distinto calado. Probablemente la más interesante es la que gira en torno a la nueva competencia que asumen los Tribunales Superiores de Justicia para conocer de la acción de anulación y del execuátur del laudo arbitral extranjero. Pero también destaca el nuevo cauce que prevé para hacer valer la excepción de arbitraje –distinto del cauce de la declinatoria–; la prohibición del arbitraje de equidad; el cambio de las condiciones que requiere el árbitro para formar parte del colegio arbitral; y, la nueva regulación para supuestos de extralimitación parcial del laudo. El lado más oscuro de esta reforma se encuentra, sin embargo, en la propuesta de regulación del arbitraje societario, pues impone, sin necesidad de hacerlo, el arbitraje institucional y la unanimidad de los socios para incluir un convenio arbitral en los estatutos de una sociedad limitada. Además de realizar un estudio pormenorizado de todas y cada una de las propuestas que afectan al arbitraje; este trabajo incluye –y justifica– una serie de propuestas relativas a la distinción entre el arbitraje de consumo y el arbitraje comercial, el procedimiento de execuátur y el plazo para dictar el laudo.

La motivación del laudo arbitral constituye un principio general del arbitraje comercial internacional, sujeto a excepciones. De un lado, algunos sistemas jurídicos no requieren la motivación del laudo. De otro, aun cuando es exigida admite diversas excepciones, en particular por la acción de la voluntad de las partes. En todo caso, un análisis de Derecho comparado revela una acusada diversidad en el tratamiento tanto de la regla como de las excepciones y, particularmente, de las vías para plantear la anulación o la denegación del reconocimiento del laudo no motivado. El presente estudio pretende dar cuenta de tal diversidad entre los sistemas nacionales y poner de relieve, al mismo tiempo, la relevancia que el problema de la motivación del laudo tiene para las partes, los árbitros y los abogados en el arbitraje comercial internacional.