Una vez que el Derecho aplicable es elegido, a fin de regir el contrato entre
la entidad soberana y el inversor o simplemente a fin de regir toda su relación económica,
el inversor suele sentir la necesidad de proteger tal elección, asegurándose de que la entidad soberana no la modifica introduciendo nuevas condiciones en su relación o nueva
normativa. Es habitual que los inversores traten de alcanzar estos objetivos introduciendo
cláusulas de estabilización en los contratos de inversión. La clasificación, validez y efectos
de tales cláusulas está sujeta a cierta controversia porque, entre otras cuestiones, puede
afectar a la soberanía legislativa de los estados.