Arbitraje

La cada vez más frecuente participación de Estados Soberanos en el arbitraje internacional, tanto comercial como de protección de inversiones, está dando lugar a un nuevo Derecho Internacional Económico. La distinción entre lo público y lo privado se difumina, quizás porque responde a una importante globalización de la contratación administrativa. La Doctrina Calvo cuestionó la eficacia de la protección diplomática. La ratificación generalizada de Tratados sobre Arbitraje Internacional pareció que suponía un abandono de posturas soberanistas. Sin embargo, algunos abusos arbitrales y ciertas posturas políticas especialmente en la América Latina obligan a una seria reflexión sobre el presente y el futuro del arbitraje internacional.

El arbitraje requiere de una técnica específica de argumentación jurídica, por parte del abogado y del árbitro. El objetivo de todo abogado incluye la comunicación persuasiva de las pretensiones al tribunal arbitral, lo que requiere de alegaciones que adopten un razonamiento lógico, así como de una estructura adaptada al objetivo de las pretensiones. Otras funciones primordiales del abogado incluyen la exposición oral del caso y el interrogatorio de expertos y testigos. Desde el punto de vista del árbitro, su función primordial es dictar un laudo que resuelva definitivamente las controversias que las partes le han sometido. El árbitro debe además permitir que el procedimiento se lleve a cabo de forma eficaz y eficiente, de conformidad con el acuerdo entre las partes, el reglamento arbitral aplicable o, discrecionalmente, dentro de las facultades y límites fijados por las normas imperativas de la sede. Pero la libertad y flexibilidad del procedimiento hacen del arbitraje un mecanismo de resolución de controversias mucho menos predecible que el proceso judicial, lo que requiere de una adecuada especialización por parte del abogado y del árbitro.

El término “americanización” del arbitraje internacional fue acuñado en los años 80 y, desde entonces, se generó un debate sobre si efectivamente el arbitraje internacional estaba sufriendo dicha “americanización”. Este artículo intentará analizar la influencia de los despachos anglosajones y, más especialmente, de los despachos norteamericanos, en la fase escrita del arbitraje internacional. Sin perjuicio de que la tendencia actual es a la homogeneización o armonización del arbitraje internacional, el autor comprobará y argumentará a lo largo de este artículo que sí se puede hablar de cierta americanización – aunque indirecta – del arbitraje internacional. Se habla de “americanización indirecta” porque este proceso no tiene lugar en las fases en sí del arbitraje, puesto que se ha llegado a cierta uniformidad, sino que se producirá a la hora de hacer uso de dichas fases. Es decir, el estilo, la técnica y la experiencia de los abogados educados en los EE UU influirán en la manera en que se comportan los abogados en el arbitraje internacional.

Los abogados dedicados a resolver las controversias en el marco del Derecho de los negocios internacionales contemplan los arbitrajes entre Estados como algo irrelevante y hasta esotérico, mientras que los profesores, funcionarios y abogados dedicados al Derecho internacional público ven el arbitraje de comercial como un proceso esencialmente alejado de sus preocupaciones y con cierta displicencia aunque sin desconocer los beneficios económicos que depara. Pese a que los arbitrajes internacionales, tanto públicos como privados, están destinados a conferir solución legal a unas específicas controversias que surgen en un contexto internacional, ambos mecanismos se han dado la espalda durante muchos años para luego identificarse peligrosamente. El objeto de estas páginas es contribuir, sin desconocer su cada vez más estrecha relación, a la necesaria delimitación del arbitraje entre Estados y del arbitraje comercial en unos momentos en que la especialización de los litigios y la actuación de los operadores dedicados a estos menesteres apuntan a un tratamiento cada vez más homogéneo. Un tratamiento que cuenta con un destinatario especial: el arbitraje de inversiones.

El artículo revisará las expropiaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Posteriormente, explorará los indicadores económicos bolivianos y el impacto de las referidas expropiaciones en dichos indicadores. Finalmente, el autor analizará el nuevo marco legislativo de la inversión extranjera en Bolivia y las posibilidades de acudir al arbitraje. En particular, se analizará y comentará brevemente la Ley No. 516, de 4 abril 2014, de Promoción de Inversiones y el Anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje.

The demands of due process are present in relation to any decision made by an arbitrator during the processing of arbitral proceedings. However, relatively frequently lawyers representing the parties raise questions of due process in a threatening way, suggesting that if the arbitrator does not accept their procedural proposals the result would be a breach of due process. The lawyers do not fail to draw attention to the consequences for the enforcement of the decisions of a breach of due process. Therefore, it is of great interest to analyze and distinguish when it is justified to raise questions of due process, and when they are an abuse which the arbitrator should reject for the benefit of orderly and effective arbitral management.