2. Universidad Cardenal Herrera-CEU

El sistema de acogida de las personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional en España consta de dos áreas —acogida e integración— de titularidad compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. El marco normativo viene impuesto en el plano nacional por la Ley 12/2009, sobre asilo, y el tan esperado reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real decreto 220/2022 en marzo de este año, y en el marco europeo, por la Directiva 33/2013 sobre condiciones de acogida. Sin embargo, la implementación de ese marco normativo corresponde a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y su gestión se divide entre recursos de titularidad pública y recursos de titularidad privada. Una acogida garantista con los derechos de las personas que acceden al sistema de asilo es la base para una integración positiva en la sociedad de acogida. La Comunitat Valenciana es consciente de la importancia e incluso cuenta con su propia Ley de integración 15/2008, pero ¿cuál es su papel exactamente en el sistema de acogida? Se verá que es protagonista en el proceso de asilo debido al complejo entramado competencial y se observará el potencial de la comunidad gracias al análisis normativo y de recursos destinados a la acogida de los que dispone.

La imposibilidad de integrar a los inmigrantes es uno de los elementos principales que utilizan los partidos xenófobos europeos como reclamo electoral. Esta estrategia encuentra su base en lo que se ha llamado crisis de valores de las democracias liberales occidentales. El objetivo de este artículo será estrechar el marco teórico sobre el tan usado y politizado concepto de “integración” a través del análisis teórico y político del mismo y su desarrollo en indicadores. Se concluirá que la integración responde más a la parte subjetiva y de identidad, y por tanto individual. Esto llevará a proponer: la promoción de proyectos que favorezcan el diálogo intercultural basado en el respeto de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho; así como la observancia de otros factores —como el económico— como determinantes en la exclusión de determinados grupos.

El concepto de seguridad humana, si bien lo que pretendía era desligarse del concepto de seguridad de guerra fría, ligado al armamento y poner su centro en la persona, no ha tenido demasiado éxito en la esfera internacional. Este artículo realizará una evolución del concepto de seguridad humana y se verá cuál es su vinculación con la protección de derechos humanos y otros principios de Naciones Unidas como la responsabilidad de proteger. Este artículo propondrá que la falta de concreción del término, su uso selectivo y la unión de perspectivas de derechos humanos y seguridad, es lo que le ha restado poder. Y, así, como ha pasado con otros términos de construcción política, su politización ha llevado a: a) que se necesite un cambio en el uso del concepto como tal, convirtiéndose en un modo de hacer, esto es, un enfoque amplio que proponga marcos de análisis y planificación; y, b) que hayan aparecido otros conceptos que se usen más en detrimento del de la seguridad humana como el de resiliencia, que pone el foco en la población que hay que proteger a través del empoderamiento.