2014 vol. VII

El presente ensayo tiene por finalidad analizar la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos recaída en la causa BG Group plc v. Republic of Argentina, el 5 marzo 2014, en cuyo marco se decidió que la Argentina deberá pagar a la sociedad británica BG Group el monto de 185,3 millones de dólares estadounidenses en concepto de indemnización por la decisión del Gobierno de la República Argentina de congelar los precios de las tarifas de gas en 2002. Así, se analizará el fondo de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, centrando nuestra atención en el hecho de que ese Alto Tribunal haya omitido analizar normas básicas de Derecho internacional general, y más concretamente, las normas pertinentes del Derecho de los tratados, al dictar una decisión sobre una cláusula relativa a un arbitraje de inversiones inserta en un tratado bilateral de inversiones. Por otra parte, según se desprende de dicho fallo, se equiparan dos institutos jurídicos extremadamente diferentes, como son los contratos internacionales (en el presente caso, un convenio de arbitraje internacional) y un tratado internacional, al afirmarse que la diferencia que pudiere existir entre ambos institutos no tiene mayores consecuencias jurídicas respecto del razonamiento sobre el que se basa la decisión del Tribunal, aunque en realidad se trata de institutos jurídicos diametralmente opuestos.

El reconocimiento en 2013 en los EE UU de un laudo mexicano anulado por los tribunales mexicanos parece traer consigo la afirmación implícita de que es legalmente posible reconocer un laudo anulado. Esa afirmación, en sí misma, es un reto al concepto jurídico de validez, desde que significa que lo que ha sido declarado nulo puede, al mismo tiempo, ser válido para producir efectos jurídicos. El punto de este artículo es develar la naturaleza jurídica detrás del reconocimiento de laudos anulados. Para hacer eso, el artículo revisa nueve decisiones judiciales, de 1984 a 2013, y concluye que detrás del reconocimiento de laudos anulados hay tres hipótesis diferentes, cada una de ellas con una naturaleza distintiva y ninguna de ellas es un reto al concepto de validez jurídica.

Se ha planteado el cuestionamiento respecto de si cabe o no la interposición del recurso extraordinario de revisión de sentencias respecto de los laudos arbitrales, en el ordenamiento jurídico boliviano. A través de la presente nota, el autor trata de debatir la factibilidad del mencionado recurso en el arbitraje boliviano. Para ello, el autor expone algunos criterios que, a su juicio, son positivos, llegando a la conclusión de considerar factible la implementación de éste recurso en la legislación arbitral de Bolivia. En efecto, propone cambios en la legislación arbitral actual, en aras de permitir que el valor justicia prevalezca por encima de cualquier resolución judicial o extrajudicial de carácter firme.

El estudio tiene por objeto el análisis y valoración crítica de la evolución normativa experimentada en el sector del transporte internacional de mercancías por carretera y su adscripción al ámbito material del Derecho internacional privado. En particular, el análisis se centrará en identificar el papel que ostenta la autonomía de la voluntad de las partes en la selección del tribunal competente, tanto en el plano de jurisdicción ordinaria como en lo referente al arbitraje, y se analizará la interacción entre bloques normativos y las disfunciones derivadas de un complejo ensamblaje entre las fuentes convencionales (en particular, el CMR) y las derivadas de la actuación normativa de las instituciones europeas. Desde la perspectiva de análisis de los operadores del sector se abordará en qué medida el objetivo de seguridad jurídica se está logrando o si por el contrario la ausencia de reglas claras de compatibilidad entre esas diversas normas acaba generando incertidumbres que perjudican a todo el elenco de intereses en presencia.

El artículo revisará las expropiaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Posteriormente, explorará los indicadores económicos bolivianos y el impacto de las referidas expropiaciones en dichos indicadores. Finalmente, el autor analizará el nuevo marco legislativo de la inversión extranjera en Bolivia y las posibilidades de acudir al arbitraje. En particular, se analizará y comentará brevemente la Ley No. 516, de 4 abril 2014, de Promoción de Inversiones y el Anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje.

Las inversiones extranjeras están sometidas a los riesgos derivados del ejercicio de la soberanía por el Estado receptor de la inversión, típicamente al riesgo de comportamientos oportunistas. En este artículo se toma como ejemplo la expropiación y se compara la protección del inversor en dos escenarios distintos: un mundo sin tratados de protección de inversiones y un mundo en el que existe un tratado de protección que obliga al Estado receptor de la inversión. A tal efecto, se compara la situación de los nacionales españoles expropiados durante la revolución cubana y la más reciente expropiación sufrida por una empresa petrolera española en Argentina. También se pasa revista a los mecanismos de enforcement del Derecho internacional público y su aplicación para promover el cumplimiento en este sector.

El artículo se refiere al arbitraje de conflictos tributarios en Venezuela. Si bien se limita al Derecho interno venezolano, es útil como fuente de derecho comparado en tributos y arbitraje, para estudiar las diferencias y similitudes de los distintos sistemas jurídicos. El artículo explica que el arbitraje de litigios fiscales se estableció en el Código Orgánico Tributario venezolano, al menos desde 2001, pero que no ha habido arbitrajes tributarios reales reportados en Venezuela, excepto en arbitrajes de inversión. La falta de casos reales puede deberse a disposiciones legales complicadas, que, si se toman aislada y literalmente, podrían implicar que el arbitraje es sólo un paso gravoso en asuntos judiciales contencioso–tributarios, que haría la solución de controversias más larga y costosa para el contribuyente. El artículo propone que el arbitraje tributario debe ser abordado como el arbitraje se concibe en general en la Constitución de Venezuela de 1999: como un mecanismo verdaderamente alternativo y eficaz de resolución de conflictos. Eso implica que el Código Orgánico Tributario debe ser operado para permitir la anulación de reparos y actos administrativos tributarios por los árbitros y que la intervención de los tribunales judiciales debe limitarse. El arbitraje tributario puede favorecer la percepción de justicia en el sistema tributario, lo cual ayudaría en última instancia a reducir la evasión de impuestos.