2015 vol. VIII

En México, el actual gobierno se ha encargado de impulsar al país económicamente a través de diferentes reformas, una de ellas es la Reforma Energética. Esta reforma, tiene como principal objetivo, abrir el mercado de energéticos a la inversión privada y extranjera, dotando de autonomía técnica y presupuestal a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, quienes ahora serán Empresas Productivas del Estado. Los particulares, ahora podrán invertir en el país, mediante diferentes contratos que las Empresas Productivas del Estado o el gobierno a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, celebrarán con ellos. Con esta apertura comercial y jurídica, se han incorporado en la nueva legislación, el reconocimiento de métodos alternativos de resolución de controversias para los nuevos contratos, y el propósito de este artículo es, (i) exponer estos cambios, así como (ii) platicar las deficiencias que aún persisten, y explicar (iii) los antecedentes que México tiene respecto al Caso Commisa, y (iv) el impacto que esto genera en la nueva regulación.