2018 Arbitraje nº 3

Durante más de una década, Ecuador manifestó cierta resistencia al arbitraje internacional, debido al creciente número de casos de arbitraje de inversión planteados en contra del país que pusieron en discusión su responsabilidad internacional. Sin embargo, el nuevo gobierno navega hacia aguas internacionales en búsqueda de inversionistas extranjeros y nacionales que dinamicen la economía del país. Como parte de este esfuerzo, Ecuador ha renovado sus relaciones internacionales con sus principales socios comerciales; ha buscado integrarse en procesos internacionales como la Alianza del Pacífico; y ha reformado varias leyes para facilitar el ingreso de nuevos capitales. La acción más reciente es la promulgación de la Ley para el Fomento Productivo, que establece, entre otras, reglas enfocadas en la atracción de inversiones a través de interesantes beneficios tributarios. Gracias a la Ley para el Fomento Productivo, el arbitraje internacional reaparece en dos frentes. Primero, el arbitraje internacional se constituye como el mecanismo obligatorio para resolver disputas que surjan de contratos de inversión. Segundo, los laudos emitidos en un proceso de arbitraje internacional se ejecutarán en el Ecuador del mismo modo en que se ejecutan los laudos nacionales. Estas reformas favorecen a la estabilidad jurídica del país y fortalecen la relevancia del arbitraje internacional.

El arbitraje se plantea hoy a menudo como una alternativa al recurso a los tribunales estatales en la resolución de controversias mercantiles entre empresas establecidas en España y Portugal. Sin embargo, los derechos civil y mercantil español y portugués siguen siendo diferentes en un número significativo de materias, incluso en algunas en las que la Unión Europea intentó proceder a una armonización de legislaciones de sus Estados Miembros. Se plantea así la cuestión del impacto de dichas diferencias sobre el reconocimiento en Portugal de laudos arbitrales dictados en España, o en los que se haya aplicado la ley española al fondo de la controversia, particularmente bajo el prisma de la reserva de orden público internacional. Esta es la cuestión a que intentaremos dar respuesta en este estudio a la luz de la jurisprudencia más reciente de los tribunales superiores portugueses