doxa.comunicación | 27, pp. 369-385 | 371

julio-diciembre de 2018

Marta Saavedra Llamas, Nicolás Grijalba de la Calle y Luis Miguel Pedrero Esteban

ISSN: 1696-019X / e-ISSN: 2386-3978

Los estudios universitarios en Comunicación Audiovisual se implantan en España en 1971, cuando el Ministerio de Educa-ción y Ciencia aprueba las primeras Facultades de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Navarra. Hasta entonces los referentes formativos en comuni-cación –aunque no de modo específico en el ámbito audiovisual– los representaban la Escuela de Periodismo de El Debate (1926) y la Escuela Oficial de Periodismo (1941), dependiente de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda. Tras ellas surgirían las temáticamente más cercanas Escuela Oficial de Cinematografía y la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televi-sión (Jones, 1998).

En las nuevas facultades el área audiovisual no constituía una disciplina independiente, sino que formaba parte de una de las tres ramas de las Ciencias de la Información: Periodismo, Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva y Publicidad y Re-laciones Públicas. Sería la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto la que establecería el primer paso para la escisión de las disciplinas en tres carreras y el Real Decreto 1427/1991 de 30 de agosto el que autorizó, finalmente, la Licenciatura en Co-municación Audiovisual. A partir de 1993 diferentes universidades incorporan este plan de estudios a su oferta académica: es el caso de la Universidad de Valencia-Estudi General y la Pompeu Fabra, a las que se sumarían en 1994 la Universidad de Salamanca y la Ramón Llull, en 1997 la Universidad SEK, y en 1998 las universidades Nebrija, San Pablo CEU y Barcelona.

La formación en este ámbito afrontaría una nueva adaptación con la entrada en vigor en 2007 del Espacio Europeo de Edu-cación Superior (EEES), que supuso el rediseño de la estructura de títulos en tres niveles (grado, máster, doctorado), la in-troducción del ECTS como unidad homogénea de carga lectiva y la reducción del periodo formativo de cinco a cuatro años. Con relación al audiovisual, las universidades hubieron de afrontar nuevos retos que –como señalan Alberich, Guarinos y Mañas (2009)– implicaban posicionar la institución universitaria como principal centro de capacitación profesional de la industria y contribuir así a la mejora de las condiciones del mercado laboral, favoreciendo la imbricación de la docencia y la investigación para respaldar académicamente esta disciplina.

En esta fase de construcción y remodelación de la oferta académica en Comunicación Audiovisual el Libro Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación (ANECA, 2005: 227-228) definió cuatro categorías profesionales como resultantes de la adquisición del título: 1) director, guionista y realizador audiovisual; 2) productor y gestor audiovisual; 3) diseño de pro-ducción y posproducción visual y sonora; 4) investigador, docente y experto en estudios visuales. Este reducido abanico despertó algunas voces críticas que observaban un registro competencial pobre y poco actualizado con respecto a la rea-lidad del sector (Bartolomé y Aiello, 2006). De hecho, la Mesa sectorial de formación para el empleo del sector audiovisual, promovida por el Barómetro de empleo de la ciudad de Madrid (2010), mantenía que todavía en plena era analógica el 44% de los empleadores consultados advertía una necesidad de formación y que el 22% observaba una falta de profesionales preparados para los desafíos del momento.

La progresiva consolidación del entorno de producción y consumo digital ha agudizado esta falta de concordancia entre la capacitación académica y la exigencia laboral en este entorno. Besalú-Casademont, Schena y Sánchez-Sánchez (2017) explican que existe un gran abanico de opiniones sobre las competencias que debe adquirir un profesional de la Comu-nicación Audiovisual y por eso convendría situar el debate en si la universidad ha de introducir constantemente nuevas