realizan de manera asidua peticiones de acceso a información (2) o las filtraciones (1). Sin embargo, ninguno menciona la utilización de fuentes de entidades privadas. Acerca de cómo acceden a ellas, existe una completa unanimidad en el uso de Internet, es decir que se centran especialmente en consultar portales de transparencia, webs y bases de datos en abierto. Igualmente, en dos casos se menciona el uso de colecciones de datos propias, uno las peticiones de acceso a in-formación y otro las bases de datos ofrecidas por compañeros u otras fuentes.

Además, en referencia al Open Data (Datos Abiertos) y el Open Government Data (Datos Gubernamentales Abiertos), se incluye en la investigación una pregunta sobre cómo valoran los profesionales de los datos la transparencia informativa en España en una escala del 1 al 10. Las notas oscilan entre el 3 y el 7, con una media de un 5. No obstante, muchos de los profesionales matizan sus notas, que se añaden aquí por considerarlo de interés. Cordobés explica que “aún queda mu-cho por hacer” y Grasso matiza que “depende mucho de cada administración”, al tiempo que destaca que la situación “ha avanzado mucho gracias a la Ley de Transparencia”, descendiendo la nota hasta un 3 o un 4 si esta no hubiese sido apro-bada. Garrido matiza que “depende de la cultura que tenga ese organismo al respecto” pero que aún “sigue existiendo una concepción muy patrimonial de la información que en ellas se genera”. Villar también incide en que “no hay una cultura en las administraciones públicas de dar directamente las bases de datos que se solicitan” y “mucho menos de generarla”. Sobre la misma cuestión, Raúl Sánchez ratifica la importancia de la Ley de Transparencia, pero incide en que “todavía no existe una cultura de la transparencia entre los funcionarios y los altos cargos del sector público”. Sandra Sánchez estable-ce una diferenciación entre la transparencia a nivel municipal ya que suelen ser “quienes mejor lo hacen”, mientras que a nivel estatal la calificación es de “suspenso” y “queda mucho por mejorar”. Estas reflexiones confirman el lento desarrollo mencionado de la cultura de datos.

Respecto a la pregunta de si es posible la reutilización y comprensión de los datos en bruto a los que acceden, aparecen respuestas dispares: ‘no’ para tres de los encuestados, mientras que dos opinan que ‘sí’ y uno que ‘depende de cada admi-nistración’. Raúl Sánchez especifica que “ni siquiera la ley obliga a las administraciones a publicar los datos en formatos reutilizables”, mientras que Garrido denuncia que “todavía es muy frecuente encontrar administraciones que proceden a escanear documentos de forma previa a su liberación para dificultar algo tan simple como la búsqueda de texto”. Sandra Sánchez y Garrido matizan que depende de quién y cómo se hayan generado, aunque por lo general califican los datos como comprensibles. Grasso coincide en la idea, pero destaca que “no siempre se cumple que sean accesibles”. Villar establece que los datos “en mayor o menor medida, necesitan de una limpieza”.