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un proceso deliberativo colectivo. El proceso es estructurado (qué o cómo se debate) e institucionalizado (mecanismos municipales). Ahí es donde los grupos organizados pueden trasladar mejor sus propuestas, como señalamos en la H2. Esta cuestión interesa en tanto que la participación ciudadana no es tan diferente de la convencional. Los grupos de in-terés (asociaciones vecinales, comerciantes, ONGs) son mecanismos complementarios de participación en los sistemas políticas de democracia representativa. Así, se confirma que la apertura de dichos sistemas a otros mecanismos de parti-cipación no es síntoma directo de más integración del vecino, a título individual, en las decisiones municipales.

Hay que tener en cuenta que las reuniones planteadas en los presupuestos participativos se han centrado en el intercam-bio de opiniones entre ciudadanos –al menos sobre el papel, ya que dadas las características de este trabajo no hemos asistido a ninguna de ellas ni hemos podido encontrar información sobre su desarrollo–, en la mayor parte de los casos sin ser expertos en los temas sobre los que se debatía, lo que aparta del proceso determinados puntos de vista que pueden resultar de gran relevancia para la discusión. Este punto amerita una crítica sustancial al proceso, en la medida en que los vecinos tienen derecho a conocer el alcance de su propia iniciativa dentro del marco jurídico municipal, las limitaciones presupuestarias o las prioridades de los cargos electos.

Es cierto que los técnicos evalúan las propuestas una vez presentadas, pero no está contemplado que participen en la fase de deliberación. Esta situación se podría evitar con la presencia de especialistas en las materias sobre las que gire el deba-te de forma que estas reuniones sirvan tanto para debatir como para aprender, lo que sin duda redunda en una opinión de mayor calidad, esto es, mejor informada. Con ello, se podría reducir el porcentaje de propuestas que anualmente son consideradas por los técnicos como inviables, que en estos años se ha situado entre el 28,77% de 2017 y el 32% de 2016.

Por tanto, como planteábamos en la H3, la participación requiere un proceso previo de deliberación y un cierto grado de conocimiento experto para que los resultados sean viables, sostenibles, no solo deseables.

En síntesis, este trabajo aspira a contribuir al estudio de la comunicación política en el ámbito municipal de modo que se encuentra una correlación sólida entre la participación política, los grupos organizados de vecinos que reclaman apertura y transparencia en los procesos de decisión y el uso de tecnologías de la información. No caemos en el canto al optimis-mo, porque el acceso a la información o la apertura de mecanismos de participación basados en la difusión de informa-ción pública no garantizan per se un incremento cualitativo de la participación misma. En la ola digital conviene cierta prudencia. Los resultados están en la línea de lo identificado por Liden (2016) y Baack (2015).

La experiencia del ayuntamiento de Madrid confirma que pueden promoverse iniciativas que no son realizables, que escapan a su régimen jurídico de competencias o bien que generan externalidades no deseadas. Por eso, la función de la información pública, dirigida por la misma institución, tiene que explorar las vías para orientar la conversación vecinal, predefinir los temas y los asuntos públicos que realmente pueden verse afectados por los presupuestos participativos y diversificar los canales a través de los cuales se ejecuta la participación real. Solo de esta manera, se puede conectar la participación con unas mejoras sustanciales en la política municipal.