El Tribunal de Cuentas en la Constitución : su relación con las Cortes Generales

Abstract

El objetivo final de las administraciones públicas, es el ciudadano como destinatario y fuente de financiación de los bienes y servicios públicos. Son los administrados los que con sus impuestos financian toda la actividad que desarrolla la administración y es esa misma administración la que gestiona los recursos para satisfacer las necesidades públicas. Desde este planteamiento, se deduce, que es necesario para mantener el equilibrio de esa relación, hacer efectiva la obligación de todo responsable público, que no es otra que rendir cuentas del resultado de su gestión y lo es más, si los recursos son escasos o se dan circunstancias excepcionales. En el presente trabajo se ha analizado cómo ha abordado el Tribunal de Cuentas el impacto de la crisis y la corrupción y lo que debería suponer en el ámbito del control el uso de los recursos públicos. Esa labor importantísima es la que le corresponde al Tribunal de Cuentas del Reino de España. No solo debe comprobar la adecuación a la legalidad de la gestión sino que también tiene que analizar el cumplimiento de los principios rectores del gasto público que todos los españoles mayoritariamente aceptaron mediante la ratificación del texto constitucional de 1978.

The final objective of the Institutional Public Administration is to consolidate its citizens as the financial source of funding from where the government collects its taxes, as well as the destinataries and benefactors of the proper execution of institutional fiscal policies. The citizens become “the managed element” of the resources obtained through the collection of their taxes by the fiscal agencies in order to satisfy their public needs. From this argument, we can deduct that in order to maintain a well-balanced relationship responsible obligation must “be born” from all public government institutions in demonstrating public accountability of their management strategies to budget allocation. Moreover, if scarcity is present or extraordinary circumstances become protagonist at any given moment in the fiscal budget cycle, it is of utmost responsibility to make good use of budget distribution, where transparency becomes the key holder of the upheld circumstances in budget execution, as equilibrium could break the fiscal balance established by its fiscal policies. Impact analysis of the economic crisis and corruption practices should become the placeholder and center of monitoring compliance, evaluating the consequences in real-time of any inaccurate control of public resources.