Tanto la situación de la contratación privada teniendo en cuenta los tipos de cambios y la limitada (por no decir casi imposible) repatriación de capitales, como las expropiaciones y los reiterados incumplimientos a los compromisos internacionales que en el marco de Derecho de negocios ha tenido la República Argentina, componen una realidad preocupante que desemboca en una gran inseguridad jurídico económica para el inversor extranjero en cuanto a la colocación de capitales en el país. Las condiciones varían permanentemente y la preservación de la inversión peligra en este contexto teniendo en cuenta la avanzada inflación que experimenta el país, la imposibilidad de adquirir moneda extranjera en el mercado regular, y la dificultad de repatriar las utilidades.