Si en 2007 se estimó el coste de la aplicación de la Ley de Memoria en 200 millones de euros entre exhumaciones y compensaciones para quienes injustamente todavía tuvieran familiares afectados, mayores aun son los costes extraeconómicos. Los de energías e integración social y constitucional que el actual proceso está provocando con su falta de consenso.