La_congruencia_entre_los_juicios_ES_Doxa_30

1.1. La legitimidad como bien intangible y su concepción online

Los bienes intangibles están presentes en el sector público (Bossi et al., 2005) y son necesarios para satisfacer las exigen-cias de los ciudadanos en cuanto a transparencia y excelencia en los servicios (Sánchez, 2008).

A raíz de la crisis económica, las administraciones públicas están perdiendo la confianza de los ciudadanos. Por un lado, no pueden cubrir las necesidades de los ciudadanos (Thomas, 2013) y, por otro lado, no pueden conservar el nivel de ex-celencia (Luoma-aho, 2007). Este contexto también endurece los juicios que formulan los ciudadanos ante la corrupción (Uslaner, 2010; Canel y García-Molero, 2013; Chen et al., 2013).

El concepto de legitimidad ha sido abordado desde diferentes enfoques que parten de la definición de Suchman (1995). Este autor define la legitimidad como “una percepción generalizada de que las acciones de una organización son desea-bles, adecuadas o apropiadas dentro de un sistema socialmente construido con normas, valores, creencias y definiciones” (1995: 574).

Por otro lado, autores como DiMaggio y Powell (1991), Bitektine (2011) o Robles (2019) lo han relacionado con los juicios que formulan los públicos sobre las acciones que llevan a cabo las organizaciones.

En esta investigación abordamos la legitimidad como un bien intangible en el sector público tanto en la organización pública como en el líder que la dirige. La legitimidad cumple con los rasgos recogidos en la definición de activo intangible para el sector público de Canel y Luoma-Aho:

“Activo no monetario (sin sustancia física), que habilita y da acceso a activos tangibles y se activa a través de la comunicación, basada en eventos pasados (y vinculado al comportamiento de la organización); por lo tanto, da lugar a un recurso que es identificable y del cual se espera que fluya un beneficio/ valor (social, monetario, etc.) futuro (a largo plazo) tanto para la organización como para los stakeholders/ ciudadanos” (2019: 77).

La legitimidad cumple el primer rasgo puesto que es una percepción y no tiene forma física y es un bien no monetario. En segundo lugar, también se puede considerar un bien intangible porque está relacionado con el pasado de la organización. Los ciudadanos cuando formulan sus juicios de legitimidad se basan en experiencias y en informaciones que tienen con las administraciones públicas (Luoma-aho, 2007; Canel y Luoma-Aho, 2017; Robles, 2019).

En tercer lugar, la legitimidad también puede ser un bien intangible porque genera relaciones con los públicos de interés, es decir, incrementa la confianza de los ciudadanos. En cuarto lugar, los bienes intangibles en el sector privado generan recursos que conllevan un beneficio económico. Esta idea se puede llevar al sector público y concluir que la legitimidad ayuda a la supervivencia de las administraciones públicas.

Analizados todos estos rasgos, se puede afirmar que la legitimidad es un bien intangible en el sector público. Para las organizaciones públicas supone un beneficio tanto económico como social (Robles, 2017).

En cuanto al carácter online de la legitimidad, nace ante los cambios sociales. Los ciudadanos cada vez son más exigentes con las organizaciones y piden que sean legítimas y justifiquen cuestiones económicas, sociales y medioambientales. Estos cambios en las formas de relacionarse, lleva a las empresas hacia la legitimidad corporativa y hacia nuevas formas de diálogo (Colleoni, 2013: 229).