doxa.comunicación | 27, pp. 387-418 | 389

julio-diciembre de 2018

María Teresa García Nieto y Julio Manuel Gil Rodríguez

ISSN: 1696-019X / e-ISSN: 2386-3978

El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), órgano asesor y consultivo del Gobierno de Es-paña, actualmente adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dependiente de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, incluye, entre sus grupos de trabajo, uno específico sobre “Educación, Formación y Divulgación de la RSE”.

En octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobaba la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, respondiendo a las recomendaciones de la Unión Europea en su Estrategia Renovada sobre Responsabilidad Social de las Empresas, con el objetivo de “avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sos-tenible e integradora” (Ministerio de Empleo y Seguridad Social –MESS-, 2015:1).

Este documento que pretende consensuar y conceptualizar la importancia de la RSC, en las empresas, administraciones públicas, y la sociedad en general, incluye entre sus objetivos “Difundir los valores de la RSE en el conjunto de la sociedad” (MESS, 2015: 30). Además, entre sus líneas de actuación, se especifica la “Integración de la RSE en la educación, la forma-ción y en la investigación” (MESS, 2015: 31). Y, entre las medidas propuestas, se indica “Potenciar el estudio de la RSE tanto en las instituciones educativas para la formación profesional como en las universidades para la enseñanza universitaria, así como en los centros de investigación” (MESS, 2015: 37). Todo ello partiendo de la siguiente consideración:

La educación en el valor del comportamiento responsable, la formación especializada en técnicas de gestión socialmente responsable y la investigación orientada a la aplicación efectiva de sus criterios, son pilares fundamentales para acelerar cambios en la forma de pensar y el actuar sostenible de las actuales y futuras generaciones (MESS, 2015: 36).

Y, como es sabido, las universidades tienen la responsabilidad de:

Ofrecer formación de alto nivel en materia científica, profesional, humanística, artística y técnica.

Contribuir: a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible.

Promover la generación, desarrollo y difusión del conocimiento en todas sus formas.

Contribuir a la preservación de la cultura nacional, y desarrollar las actitudes y valores.

Formar a personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, innovadoras, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones del país y a la vigencia del orden demo-crático (Díaz de Iparraguirre, 2008: 4).

Además, como señala el Equipo coordinador Universidad Construye País, (Fernández, Delpiano, y De Ferari, 2006), la mayor contribución que los centros de educación superior pueden ofrecer a la sociedad es, precisamente, la formación de profesionales cualificados, pero comprometidos, conscientes y capaces de valorar las consecuencias de su ejercicio profesional.

Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009) resumen en cuatro procesos interdependientes la autorregulación de la gestión corpora-tiva en relación con las definiciones y prácticas de la responsabilidad social, de tal manera que estos procesos confirman la naturaleza social de la organización y la ayudan a situarse en la sociedad. Los procesos referidos son:

El buen gobierno. La buena gobernanza consiste en cumplir de manera coherente y congruente con la misión propia de la organización, en implementar un código ético y contar con un comité autónomo encargado de promover y vigi-lar su cumplimiento. Se trata no sólo de asegurar la observancia de las normas legales nacionales, sino también de las